Privar de la prestación del servicio educativo es legal y no tiene consecuencias según el Estado Mexicano.

Como ya se describió en anteriores artículos donde se señala como Javier Yedra exdirector espurio del CBTIS 11 y actual subdirector de dicho plantel, privo parcialmente de su derecho a la educación a alrededor de 500 jóvenes y ademas le asigno calificación fraudulentamente en el semestre agosto-diciembre de 2020, dicho caso fue denunciado ante el organo interno de control, se agregaron numerosas pruebas e incluso volvió a reincidir con dicha conducta al volver a dejar sin docente a los alumnos de 6to de contabilidad turno vespertino en el periodo enero-julio de 2022 despues de que su plan de acomodar a sus allegados por la via del nepotismo fracaso, tambien se les asigno 10 en automático a todxs.

El caso es que por el primer caso si se puso denuncia, por el segundo caso se pidió consulta con el OIC el cual nunca respondió, por lo cual seria pertinente poner la denuncia.

El caso es que dicha situación genera diversos riesgos en los planteles, la escuela deja de ser un lugar seguro y se convierte en un lugar inseguro o por lo menos de incertidumbre para aquellos alumnos que deambulan por falta de docentes pues no solo se presta a que caigan en la tentación del consumo de estupefacientes sino de que se vayan del plantel y de que sus padres no sepan donde se ubican, por lo anterior agregamos la respuesta que dio la autoridad correspondiente donde asombrosamente dice algo como lo siguiente «no existen documentos sobre las diligencias que se hicieron sobre tal denuncia»

La institución correspondiente nos pidió agregar mas detalles para ubicar los archivos, entramos al SIDEC de la Secretaria de Educación Publica y proporcionamos el numero de expediente exacto

Al final el sujeto obligado declaro que no existe dicho expediente, aun cuando enviamos alrededor de 10 correos.

A continuación agregamos el archivo con la respuesta completa

En reiteradas ocasiones se le ha propuesto a las diputadas federales Lorenia Valles, Wendy Briceño y Judith Tanori que se deberia especificar (por si no ha quedado claro) como falta administrativa grave este tipo de omisiones administrativas sin embargo nunca han respondido, dando una muestra de su desprecio por los derechos de la juventud Sonorense.

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